CASO AVILÉS

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente comunica:

1. Acuerdo de los dos socios de DMD imputados con la Fiscalía

La Fiscalía de Avilés solicitó 6 años y 5 meses de prisión para dos socios de DMD por dos delitos de cooperación al suicidio (uno en grado de tentativa) y un delito contra la salud pública.

Para la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) no existió tal cooperación al suicidio. En un caso era una mujer con graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar a la que los acusados nunca conocieron. En el otro caso se confundió la sedación paliativa con la eutanasia. En cuanto al delito contra la salud pública, DMD consideró que era su responsabilidad controlar la fiabilidad de la información difundida por Internet referente a la disponibilidad de la propia vida. Al tratarse de una información al alcance de cualquiera, DMD quiso evitar males mayores en caso de fraude. Esto sitúa la actuación de DMD en las antípodas de “causar estragos”, como acusaba la Fiscalía. Por esa actuación, DMD nunca obtuvo, ni pretendió, ningún beneficio económico.

Sin embargo, la ambigüedad de la ley y la falta de jurisprudencia podrían haber llevado a una interpretación opuesta de los actos incriminados. Por este motivo, ante la posibilidad de reducir los tipos penales de autoría a complicidad y evitar el ingreso en prisión, la asociación apoya la decisión de los acusados de aceptar el Protocolo de Acuerdo con la Fiscalía, no correr riesgos inútiles y aceptar dos años de condena, sin ingreso en prisión.

2. El artículo 143 del Código Penal: Rechazado por una mayoría social

En nuestro país el suicidio no es ilegal, pero sí lo es la cooperación necesaria al suicidio. Esta figura está castigada con duras penas de cárcel por el artículo 143 del Código Penal vigente, procedente del Código de la dictadura franquista, en parte modificado en 1995 en el sentido de aminorar las penas en caso de concurrir un estado de “enfermedad grave que conduciría necesariamente a la muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar”.

Denunciamos la reciente aplicación de este artículo en sus aspectos más duros, en clara contradicción con la modificación aportada en 1995, y sobre todo con la opinión mayoritaria de la sociedad que, preocupada por las condiciones atroces en las que demasiadas personas se ven obligadas a vivir su final, se manifiesta favorable a la legalización de las conductas eutanásicas.

3. Aprobación de una ley de eutanasia

Desde DMD, denunciamos con rotundidad la contradicción entre las necesidades de la sociedad y unas leyes represivas, producto de una moral nacional católica contraria a una moral pública propia de un Estado democrático. Estas leyes provocan un reguero constante de casos dramáticos. La opinión pública clama por un “buen morir” -tal y como ha quedado patente en la encuesta que el CIS hizo en 2009- y queremos contribuir a explicitar un debate en profundidad para alcanzar el reconocimiento de la muerte voluntaria como expresión de libertad individual, impulsando el cambio de legislación en este sentido.

El artículo 143 del Código Penal causa más daño que beneficio: clandestinidad, soledad, inhumanidad, violencia, desigualdad, indefensión... Seguiremos luchando a favor de su derogación y por una ley de eutanasia que garantice la libertad que proclama la Constitución, con suficientes garantías de protección para las personas presuntamente vulnerables.

DMD no pretende incumplir las leyes sino cambiarlas: es un deber democrático procurar que reflejen la voluntad del pueblo al que deben servir.

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