COMUNICADOS

Madrid, a 7 de diciembre de 2010

A RAÍZ DEL REPORTAJE SOBRE EL SUICIDIO DE CARLOS SANTOS, PUBLICADO POR EL PAÍS SEMANAL EL 5 DE DICIEMBRE DE 2010.


La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (AFDMD) quiere comunicar a la opinión pública:

Nuestro reconocimiento y respeto a Carlos Santos Velicia, miembro de nuestra asociación, quien con toda lucidez y determinación, asumiendo el control pleno de su vida, decidió el cómo y el cuándo de su final.

Nuestra gratitud por haber querido que su muerte sirviese para avanzar en el reconocimiento de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido como derechos de las personas. Su acción es una interpelación directa a quienes tienen poder para modificar las leyes.

Nuestro agradecimiento también, a Juan José Millás por el valor demostrado en su trabajo. Por haber sido capaz de no mirar para otro lado ante la firme determinación de morir de otro ser humano y haberse acercado a él humanitariamente. Agradecimiento que hacemos extensible al diario El País por su clara y permanente toma de partido a favor del reconocimiento de “los derechos de salida”.

Queremos insistir ante la opinión pública, una vez más, en que sólo desde posiciones religiosas o desde visiones morales no exigibles al conjunto de la ciudadanía, puede considerarse que la vida es una obligación y no un derecho. Para nuestra asociación - y para la mayor parte de la población, según las encuestas de opinión publicadas - la dignidad personal está unida indisolublemente a su libertad. No hay vida digna sin un final digno, que no será posible mientras las decisiones fundamentales estén en manos de otros.

Nuestra asociación, dentro del más estricto cumplimiento de la ley, mantiene el compromiso humanitario con sus socios del acompañamiento en su final, libremente decidido, si éste es su deseo. Jamás induciremos a ninguna persona a tomar decisiones al final de su vida pero, si su deseo inequívoco es poner fin a una existencia que ha dejado de ser un bien para él, estaremos a su lado ayudándole con nuestro acompañamiento solidario.

Este acompañamiento es, para nosotros, una obligación ética que asumimos, al igual que trabajamos por conseguir el reconocimiento del derecho a disponer de la propia vida y la despenalización de las conductas tipificadas en el artículo 143.4 del Código Penal. El Gobierno y el conjunto de fuerzas políticas tienen en sus manos la capacidad de legislar eb ese sentido, a ello les emplazamos.


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