COMUNICADOS

Ante la solicitud del Gobierno de alimentación forzosa para Aminetu Haidar en huelga de hambre la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente quiere hacer las siguientes consideraciones:

Solidarizarnos con Aminetu y la lucha del pueblo saharaui. Esperamos y deseamos que la situación se arregle y Aminetu pueda volver a su casa con su familia.

Ante las declaraciones del Gobierno sobre la alimentación forzosa, queremos hacer las siguientes puntualizaciones.

 

Que Aminetu no está sujeta a Instituciones Penitenciarias y por lo tanto no se le puede aplicar la resolución del Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la alimentación forzosa en sendas sentencias del Grapo. Incluso el TC matizó que en ningún caso se podría obra de esta manera en situaciones de capacidad y libertad de la persona.

Que la alimentación forzosa de una persona mayor de edad y libre es un atentado a los derechos humanos y a los derechos fundamentales que emanan de nuestra Constitución, violando los convenios internacionales firmados por España como el Convenio de Oviedo.

Que la alimentación forzosa viola la Ley General de Sanidad de 1986 y la ley 41/2002 de autonomía del paciente. Además de todas las leyes autonómicas de voluntades anticipadas, instrucciones previas o testamento vital, en las cuales se recoge el derecho a rechazar cualquier tratamiento, incluyendo la anticipación a través del documento de testamento vital.

Todo funcionario, ( incluyendo a los miembros de este Gobierno), juez, médico o sanitario que participe en el procedimiento de la alimentación artificial está cometiendo –a sabiendas- un delito contra la dignidad y la integridad moral de las personas y puede ser llevado ante los tribunales.

La Asoc DMD considera que la solicitud de alimentación artificial contra la voluntad de una persona libre, además de un acto de ignorancia, es un acto de totalitarismo imperdonable y rompe con las normas de juego del estado de derecho. Hace un daño irreversible, no sólo a Aminetu, sino a todas aquellas personas, que por causas de enfermedad, al final de su vida deciden poner fin a sus tratamientos para poder morir en paz. Es un torpedo a la línea de flotación de los derechos de los enfermos y al trabajo que lleva realizando esta Asociación desde hace 25 años.

Consideramos que la solicitud de alimentación forzosa es similar a los procedimientos inaceptables que realizó en Italia Berlusconi con respecto al caso de Eluana, y que fueron criticados por los mismos miembros de este gobierno.

Si a la sociedad civil nos quitan las formas pacíficas de lucha, nos gustaría preguntarle al gobierno ¿qué nos dejan?

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